Luego de la polémica generada por la baja de más de 70 mil pensiones por discapacidad, el Ministerio de Desarrollo Social resolvió este jueves devolver el beneficio a todos los afectados la semana próxima. No obstante, Stanley advirtió que luego “se revisará caso por caso”.
Una vez más el gobierno de Mauricio Macri debió dar marcha atrás ante la polémica que generó una de sus medidas. Esta vez fue la quita de de pensiones por discapacidad que en el último mes dejó más de 70 mil discapacitados sin el respaldo estatal necesario para vivir.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, informó que dará marcha atrás con la quita indiscriminada de pensiones en la que se embarcó para así profundizar el ajuste y reducir el déficit fiscal y prometió que se restablecerán “todas aquellas pensiones de personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión en este último cobro”. E indicó que en esos casos “la van a estar recibiendo la semana que viene”.
El gobierno de Macri se había valido de un decreto de 1997, firmado por el entonces presidenta Carlos Menem para ajustar sobre una de las poblaciones más vulnerables: los discapacitados. A partir de ese decreto, que instauraba límites a la percepción de las pensiones por discapacidad, la ministra Stanley se lanzó a un feroz recorte con el propósito de cumplir con los ajustes presupuestarios impulsados desde el ministerio de Hacienda de la Nación.
En un primer momento desde el macrismo intentaron justificar el recorte sobre los más vulnerables e incluso Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio de Desarrollo Social aseguró que “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara”.
Como si nada hubiera pasado Stanley aseguró este jueves que “hay un millón y medio de personas que cobraban estas pensiones en la Argentina y la van a seguir recibiendo, para no tener que vivir la angustia de no saber qué pasará”. A todos se les restablecerá el beneficio “y después se va a analizar caso por caso la necesidad de cada uno”.
Entre las causales de suspensión de una pensión por discapacidad el macrismo determinó que no podía acceder a ellas:
– Aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes.
-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.
– Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.
La marcha atrás de Macri y Stanley llega luego de que el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, advirtiera el miércoles pasado que las pensiones por invalidez son “derechos adquiridos, no limosnas, ni beneficencia”, por lo que advirtió que “sería saludable que se restituyan los beneficios”.
Además la Ufises requirió a la ministra Stanley que le informara sobre las bajas de pensiones no contributivas por discapacidad, la cantidad y los criterios que motivaron tal decisión. Solicitó “una nómina de la totalidad de los beneficiarios afectados, que además indique en cada caso el por qué se habilitó la suspensión de la prestación y las pruebas que se recabaron para sustentar tal decisión”. Y reclamó que “se detalle el medio de notificación mediante el cual se puso en conocimiento del beneficiario la futura suspensión de la pensión y que se acompañen las constancias respectivas que acreditaran dicha notificación”
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