El dirigente de la UIA, José Urtubey, aseguró que el plus extra se negociará sector por sector. Y una cámara que agrupa a pequeñas empresas ya adelantó que ni siquiera se sentará a dialogar.
El Gobierno intermedió entre gremialistas y empresarios para firmar una carta de intención política que invita al sector privado a negociar un bono de fin de año con un piso de 2000 pesos. Pero es eso: una expresión de deseos y nada más. Así quedó en claro tras las declaraciones de varios líderes de las cámaras, quienes resaltaron que a partir de ahora se abrirá una mesa de diálogo. En algunos sectores, como por ejemplo las pymes, fueron más allá y dijeron que el pago extra es de cumplimiento imposible para ellos.
El primero en tratar de limitar los alcances del anuncio que se realizó ayer en Casa de Gobierno fue José Urtubey, dirigente de la UIA. Dijo que la foto del miércoles por la noche representa un documento político que habilita a los distintos rubros de la industria a discutir los términos de una eventual compensación de fin de año por el fuerte aumento de la inflación. Daniel Funes de Rioja también se expresó en el mismo sentido.
Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato que dirige la CGT, salió rápido al cruce y contestó: “Si no cumplen, va a haber problemas”.
“Los empresarios más importantes del país se comprometieron a abrir esta negociación, que tiene como referencia estos 2.000 pesos. Las obligaciones siempre fueron relativas en Argentina, somos un país donde muchas veces se violan los decretos o no se respetan las leyes. Aspiramos a que esto se discuta en cada uno de los lugares donde se ha plasmado esta firma, de lo contrario va a haber problemas”, señaló el gremialista en declaraciones a radio La Red.
Tras la firma del acuerdo, desde FECIBA (Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires) aseguran que fueron “ninguneados” por el Gobierno.
Raúl Zylbersztein, presidente de la entidad que nuclea a un importante grupo de pymes, afirmó que no se puede aceptar un acuerdo derivado de una mesa de diálogo de la cual ni siquiera pudieron participar.
“El Ejecutivo hizo oídos sordos a los reclamos de las pequeñas y medianas empresas y eso quedó más que claro porque ni siquiera convocó a los representantes del sector para que puedan expresarse”, insistió.
En tal sentido, Schmid aseguró que el problema de las pymes es anterior a la firma del acuerdo. “El aumento tarifario, la presión tributaria y la falta de acceso al crédito, siempre ha colocado en el ojo de la tormenta al sector pyme”.
“Un compañero gastronómico me decía el otro día: yo gano 12.000, a mí 2.000 me sirven y mucho. El problema es: ¿cómo le cobro al que está atrás del mostrador? Este primer paso tiene que ser honesto. Para que funciones tienen que abrir la billetera los sectores empresarios y cumplir con lo que se ha pactado”, advirtió el cegetista.
Al mismo tiempo, Schmid destacó que el bono, más las otras soluciones parciales, “va a volcar un importante circulante al consumo interno, de una economía que está estancada”.
“Esto no es una solución definitiva, el bono es un puente para llegar a lo que los funcionarios dicen, es la reactivación del año venidero”, señaló el miembro del triunvirato.
Schmid admitió que la situación económica y social del país “es compleja” y “tiene errores de gestión bastante gruesos”. “Se han alentado expectativas que no se cumplieron, hay inversiones que no han llegado y no se ha producido la reactivación de la economía. Son 10 meses de gestión de un gobierno donde todavía no se ha acertado el rumbo para el ordenamiento de la economía”, concluyó.
DESPIDOS Y SUSPENSIONES
Según comentó uno de los tres jefe de la CGT, sobre el final de la reunión de ayer se tocó el tema de los despidos que se están registrando en algunos sectores. “La ‘mesa’ se va a volver a reunir en noviembre y ahí vamos a insistir para que se suspendan los despidos y se dejen de aplicar suspensiones, por lo menos por un término de 90 días”, dijo Schimd.
Casi en paralelo, Mario Quintana, coordinador del gabinete económico de Macri, salió a descartar esa posibilidad. “Desde ningún punto de vista. Ni por ley ni por decreto vamos a implementar un instrumento de esas características, porque creemos que es una forma ineficaz. Genera efectos contraproducentes con respecto al objetivo buscado”, enfatizó.
Infobae
