Allí, los funcionarios del poder judicial informaron que «luego de 81 jornadas, completando 280 horas de audiencias y habiendo escuchado 42 testigos y convocado a 8peritos (…), el Tribunal resuelve condenar a Ricardo Daniel Echegaray a las penas de 4 años y 8 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido en perjuicio de la función pública (…)».
Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.
«No hubo ningún perjuicio fiscal», sostuvo Echegaray ante el TOF 3, al que reclamó un «pronunciamiento absolutorio», porque -según dijo- se trató de una causa «armada» con «prueba falsa» que atribuyó a la AFIP cuando era dirigida por Alberto Abad.
Echegaray sostuvo que los planes de pago otorgados a Oil Combustibles fueron «iguales» a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador, y que durante el juicio -suspendido durante varios meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo «ninguna prueba» que avalara la acusación.
A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso «levantar las medidas cautelares» dictadas contra ambos, «como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación».
Ambito
