Se trata de ADUNS (Docentes universitarios) y el CEB (Docentes de Primaria), quienes fueron incluidos entre las organizaciones sindicales víctimas de pesquisas fuera de la ley.
El juez Alejo Ramos Padilla procesó a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por presuntos hechos de espionaje ilegal desarrollados en seis bases de la AFI en territorio bonaerense durante el gobierno de Mauricio Macri.
En un fallo de 979 páginas al que accedió LA NACION, el juez de Dolores los consideró responsables de la actuación de una red de espías que operó de manera ilegal en el territorio bonaerense bajo el paraguas del «Proyecto AMBA» de la AFI para investigar delitos federales complejos, como el narcotráfico o la trata de personas.
Según la descripción de Ramos Padilla, «el llamado ‘Proyecto AMBA’ de la Agencia Federal de Inteligencia consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes desde mediados del año 2016, a las que se sumaron también las delegaciones históricas con asiento en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en esa provincia durante el año 2017».
«Si bien en las resoluciones de creación de esas Delegaciones Provinciales, en el discurso público y también conforme han manifestado algunos de los imputados, éstas se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, se corroboró en la investigación que estas bases de inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y
comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno», afirmó Ramos Padilla en la introducción del fallo.
Arribas y Majdalani ya están procesados en los tribunales de Lomas de Zamora, acusados de otras acciones de espionaje ilegal. Junto con el nuevo procesamiento, Ramos Padilla los embargó por 20 millones de pesos a cada uno.
El criterio para considerarlos responsables, en este caso, fue que como máximas autoridades de la central de inteligencia, Arribas y Majdalani no podían desconocer las acciones de espionaje ilegal, que ocurrieron, según el juez, de manera sistemática.
«Estas acciones no fueron causadas por la mera extralimitación de algunos agentes o por una actuación aislada de ciertas dependencias internas de la AFI, sino que existió un plan organizado y ordenado por las máximas autoridades de la Agencia para toda la provincia de Buenos Aires», escribió Ramos Padilla.
Ramos Padilla es el titular del juzgado federal de Dolores pero, impulsado por el kirchnerismo, está a un paso de ser nombrado juez federal con competencia electoral de La Plata, un juzgado estratégico que no solo entiende en materia penal sino que además concentra la competencia electoral del principal distrito de todo el país, la provincia de Buenos Aires. Este mes, el Presidente envió el pliego de Ramos Padilla al Senado para que le de el acuerdo necesario para el nuevo cargo.
