Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, fue procesado por el juez federal Sergio Torres por negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública. Se trata de una causa en la que se investigan presuntos sobreprecios en la contratación del servicio de limpieza en la sede del organismo durante su gestión. Además, la Justicia le ordenó un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos.
El procesamiento se produjo luego de que fuera citado a indagatoria a pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien lo acusó por la adjudicación de la licitación en 2011 a favor de la empresa Limpiolux S.A. de Norberto Peluso, en la que se sospecha por el pago de sobreprecios.
Desde 1981, la limpieza del edificio de la AFIP estuvo a cargo de la empresa «Ricardo Bilbao», por el cual se pagaba un monto total de $ 7.456.242 millones; en tanto que al contratarse la empresa Limpiolux el 18 de enero de 2011, el presupuesto pasó a más de $ 15.196.000.
Si bien en su defensa la AFIP había justificado la nueva adjudicación en el hecho de que se había respetado el «costo de referencia» de la nueva empresa, el expediente administrativo en cuestión nunca fue encontrado, algo que para los investigadores resulta sospechoso.
En la causa consta un peritaje de Oscar Fernández, experto contador de la Corte Suprema de Justicia, quien aseguró: «No existieron parámetros que explicasen cómo se había establecido el valor de la misma, ni contenía especificaciones respecto a los valores correspondientes a cada uno de los conceptos involucrados en el monto previsto como base para las ofertas».
El perito también señaló que el mencionado costo de referencia para evaluar el precio de la licitación «no constaba que la AFIP lo hubiese tenido en cuenta» y, además, era confeccionado por la Asociación de Empleados de Limpieza, el cual para esa época era presidida por Peluso, presidente de «Limpiolux S.A».
Por otra causa, la semana pasada el juez Penal Económico Diego Amarante había citado a indagatoria a Echegaray para el próximo 19 de diciembre y le prohibió la salida del país: se trata de un expediente que investiga la importación de autos destinados a diplomáticos extranjeros y por haber autorizado en 2006 como director de la Aduana el ingreso de un vehículo para un representante taiwanes, por lo que está acusado por el presunto delito de «contrabando agravado».
