El ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, le pidió la renuncia al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, y a toda la cúpula de ese organismo, informaron a Télam fuentes del gobierno. Este Martes la gobernadora Vidal dará una conferencia de prensa.
Los voceros afirmaron que el reemplazante de Díaz será Juan Baric, actual subsecretario de Política Penitenciaria.
Además, agregaron que mañana a las 10, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Ferrari, darán una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, para brindar precisiones sobre el tema.
Allí anunciarán el nuevo esquema de conducción de la cúpula, que según adelantaron «será cien por ciento civil».
Por ello, se especula que Baric será una especie de «interventor» del Servicio Penitenciario provincial hasta tanto se defina la modalidad de la nueva conducción de esa fuerza.
Díaz había reemplazado al frente del Servicio Penitenciario a Florencia Piermarini en enero pasado, tras la escandalosa fuga del penal de máxima seguridad de General Alvear de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
La fuga de los hermanos Víctor y Cristian Schillaci y Martín Lanatta provocó que la gobernadora María Eugenia Vidal removiera además a toda la cúpula del Servicio Penitenciario provincial.
En esa oportunidad, también se le aceptó la renuncia al subsecretario de Política Penitenciaria, César Albarracín que junto a Piermarini venía de la gestión de Daniel Scioli, y se designó en ese cargo Juan Baric.
Baric, que se desempeñaba como fiscal federal en La Pampa, quedó desde ese momento a cargo del control de toda la estructura carcelaria bonaerense que consta de 52 Unidades Penales, tres Alcaidías Penitenciarias y seis Alcaidías Departamentales.
Sin embargo, ahora será una especie de «interventor» del penitenciario tras la renuncia de Díaz, que había recibido cuestionamientos de la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros organismos de Derechos Humanos.
Además, Díaz fue citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, en la causa que «investiga irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta que habrían derivado en un régimen de hambre para los detenidos».
En ese momento, Díaz se desempeñaba como auditor general del Servicio Penitenciario Federal y la causa en su contra fue impulsada por la Procuraduría contra la Violencia Institucional, por irregularidades en el suministro de alimentos a los internos del Complejo Penitenciario Federal NOA, ubicado en la localidad de General Güemes.
Según la acusación del fiscal federal 2 de Salta, Eduardo Villalba; su par a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani; y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad, Fernando Vallone, «se estableció una modalidad ilegal de contratación que favoreció a una empresa».
En base a un análisis de documentación secuestrada en allanamientos, los fiscales precisaron que el servicio se dio en el marco de un régimen «irregular y excepcionalísimo» de contratación pública denominado legítimo abono, por el que se pagó la suma de 42.799.317,87 pesos a la firma.
Ese mecanismo de contratación, que según los denunciantes viola las normas de contratación pública, se hizo habitual hasta ocupar el 68 por ciento de lo gastado para las compras de alimentos facturadas para ese establecimiento durante 2015.
Para los fiscales, está demostrado que existió una maniobra para demorar los trámites licitatorios y así dar paso a esa forma paralegal de contratación, que se habría ejercido de forma encriptada en el interior del Servicio Penitenciario Federal, en beneficio de la empresa.
Además, la Comisión Provincial por la Memoria cuestionó a Díaz por haber estado al frente del SPB en 2005, cuando murieron 33 detenidos en la cárcel bonaerense de Magdalena, juicio que podría iniciarse a fines de este año.
