La norma se aprobó por 227 votos a favor y solo 1 en contra. La iniciativa ahora vuelve al Senado.
Luego del acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y las organizacinoes sociales, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que declara la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019. Fue con 227 votos a favor, 1 en contra (Alfredo Olmedo) y 4 abstenciones (el Frente de Izquierda).
El nuevo texto consta de 12 artículos y establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Este departamento será clave –comenzará a funcionar 90 días después de promulgada la ley– ya que estará conformado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales. Además, en el artículo 7 se establece que «los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario».
También incluye un adicional de $30.000 millones durante tres años para partidas presupuestarias dedicadas a políticas sociales y aumentará en un 70% los puestos de trabajo en las cooperativas, que actualmente son unos 300.000, y que llegarán a los 510.000. En total, serán 210.000 nuevos trabajos, bastante menos del millón que proponía la iniciativa que circulaba por el Congreso.
«Reconocemos la emergencia social porque lo primero que hemos hecho es poner de pie el nuevo INDEC. Hemos heredado una crisis social dramática», abrió el debate en el recinto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina.
Por su parte, Eduardo Amadeo apuntó al kirchnerismo al afirmar que «los que han escondido la pobreza han cometido un acto reaccionario» y expresó: «Esta ley no es un fin, es un inicio. No es muy complicado juntar plata para repartirla, lo importante es cómo hacer que esta ley sea un inicio hacia la plena inclusión».
Héctor Daer, secretario general de la CGT y diputado del Frente Renovador, sostuvo: «No podemos claudicar ni resignar derechos los trabajadores que estamos en el sector formal, pero no podemos dejar de tener en claro que hay otros trabajadores que no tienen ni el mínimo derecho y ahí hay que acudir ante la ausencia del Estado».
Asimismo, advirtió que «este no es el camino a la pobreza cero» y disparó: «Señor Presidente (Mauricio Macri), espero que la política comprenda que el rumbo de una sociedad debe ser una sociedad que sea sostenible para todos los argentinos, porque sino estos temas serán recurrentes».
Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, rechazó la Emergencia Social con el argumento de que la ley nace «bajo el trauma del argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001» y aseveró que convalida «una red de precarización laboral».
«Creemos que la rebelión no se puede eliminar por ley y que no se puede hacer con asistencialismo y mucho menos con clientelismo político», sentenció.
