Lo confirma un informe de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad que además revela que aumentó el pedido del beneficio del 2×1 a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el denoninado “caso Muiño”
Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad revela que más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la últma dictadura cívico militar se encuentran beneficiados con prisión domiciliaria
La Procuraduría también informó que el 67 por ciento de las sentencias dictadas contra los represores fueron apeladas, por lo que se encuentran en alguna instancia de revisión, y que luego del fallo Muiña, donde la Corte Suprema aprobó el 2×1 para casos de lesa humanidad, hubo 118 condenados que pidieron acceder al beneficio.
Durante 2017 fueron investigados 2.979 imputados, en un total de 593 causas que aún continúan en trámite, y se dictaron 200 nuevas sentencias en todo el país, aunque sólo 26 fueron definitivas.
El informe destaca que “a la fecha los Tribunales Orales han dictado 200 sentencias en todo el país. De ellas, 135 (67 por ciento) se encuentran aun transitando alguna instancia de revisión (…) y su resolución se encuentra pendiente”.
“A diciembre de 2017, hay 1.305 imputados libres y 1.038 detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, agrega el informe presentado por la Procuraduría.