El observatorio de tarifas (OTA), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), reconoció en su análisis del período noviembre-diciembre de 2017 que los gastos de las familias de menores recursos y de ingresos medios de Capital y Gran Buenos Aires (con un ingreso promedio de $20.000 a $23.000 mensuales), en los servicios públicos de gas, electricidad y agua representan el equivalente a un sueldo por año.
En tanto, en los trabajadores registrados, podría ser equiparable a un aguinaldo completo si se trata de un trabajador registrado.
El OTA analizó que “las audiencias públicas de estos dos últimos años de gobierno carecieron de legitimidad y, en algunos casos, hasta fueron confiscatorias. En primer lugar, las condiciones de legalidad exigidas por la Corte Suprema nunca se brindaron, siendo únicamente reuniones informativas con decisiones tomadas”.
Por otro lado, “no se respetaron las exigencias de la Corte, en su fallo Cepis, sobre el seguimiento de los pasos necesarios para que este tipo de eventos otorguen validez a las decisiones administrativas de los funcionarios”.
“Los aumentos registrados en los servicios no se dieron de forma gradual, razonable y acorde a la capacidad de pago de la población, por lo que estos incrementos pueden llegar a considerarse confiscatorios para la sociedad”, destaca.
En cuanto a la electricidad, los valores del precio del Mercado Eléctrico Mayorista Nacional superan los u$s 80 el MWh, el doble que los precios de producción de electricidad en Europa y en los EEUU, lo que reduce las capacidades competitivas del país con respecto al mundo.
Además, en las facturas del servicio eléctrico no están debidamente discriminados los valores de producción de energía, el costo de su transporte y el costo de distribución o comercialización, llamado VAD.
Con relación a las tarifas de gas, en sus incrementos se detectó una dolarización e indexación de toda la cadena de valor del gas, que se evidencia y su negativa influencia en el precio de la energía eléctrica mayorista para todo el país. De este modo se transforma en un verdadero subsidio de los usuarios a las empresas petroleras, con el agravante de que el sacrificio no disminuye, tampoco, las erogaciones del Estado.
Nuevamente, en las facturas de los usuarios no se muestra la composición de los tres elementos que señala la ley: producción del gas, su transporte y su distribución, o VAD.
El director del organismo, Marcos Rebasa, advirtió que “las personas de menores recursos que viven de ingresos informales también son castigadas por los aumentos porque no siempre logran cobrar la tarifa social”.
“Las tarifas están distorsionadas y atentan contra la competitividad de la economía”, añadió Rebasa.
Mientras, el rector de la UMET, Nicolás Trotta, concluyó sobre los resultados del informe: “Las audiencias públicas son mecanismos democráticos para que las empresas de servicios públicos y los funcionarios del gobierno escuchen la opinión del pueblo y lo hagan partícipe en la toma de decisiones. Desatender las audiencias, es quitarle derechos a los ciudadanos”.
El OTA es un organismo que cuenta con la participación de la Fundación Excelencia, el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, el Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y el Centro de Innovación de los Trabajadores.
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