La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo por $ 10.000 millones de Cristina de Kirchner en una causa que investiga el supuesto direccionamiento de obras pública al empresario encarcelado Lázaro Báez y quedó habilitada la vía para la realización del juicio oral y público.
Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron un recurso presentado por la expresidente y ratificaron este jueves la decisión de septiembre pasado de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. La exmandataria es acusada considerada coautora del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.
Según el fallo de la Cámara federal que difundió el Centro de Información Judicial (CIJ), la defensa de Cristina «no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el (tribunal de Apelaciones), que permita equipararla a (una sentencia) definitiva». Además, le rechazaron los pedidos de nulidad solicitados por haber intervenido más de un fiscal en el trámite.
Además, le rechazaron los pedidos de nulidad solicitados por haber intervenido más de un fiscal en el trámite y negaron la «intromisión» del Poder Ejecutivo en la causa o a falta de «autonomía» del Ministerio Público Fiscal.
Los magistrados consideraron que no existe con esta pesquisa una «gravedad institucional» que afecte a la comunidad, que el millonario embargo corresponde por que no le «ocasiona perjuicio patrimonial» y que debe hacer cargo de la «imposición de costas».
Al mismo tiempo, los dos camaristas desestimaron en otras sentencias dos presentaciones de Báez, donde su defensa solicitó levantar el procesamiento, suspender el embargo y dictar la nulidad de su propia declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini. De este modo, la Cámara también dejó firme el proceso contra el empresario patagónico y el mismo embargo que a la exjefa de Estado.
El CIJ aseguró que en la causa se investiga una «estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de Santa Cruz a favor de Báez por más de $ 46.000 millones».
En este expediente se encuentran procesados los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios.
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