• QUIERE LIMITAR LOS RETIROS QUE HOY SE EFECTIVIZAN A LOS 55 AÑOS DE EDAD Y 30 DE SERVICIO
Además gira proyecto a la Legislatura, junto con reforma ministerial para achicar gasto político. También impulsa la adhesión de la provincia a la ley de ART.
Con el viento de cola que suponen el triunfo electoral de octubre, la recuperación del Fondo del Conurbano y la sanción exprés del paquete económico para 2018, María Eugenia Vidal encara en el último tramo del año una amplia agenda legislativa que incluye el fin de las jubilaciones de privilegio, la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas para los legisladores, una reforma ministerial para achicar el gasto político y la adhesión a la ley nacional de ART.
Tras la sanción de la Ley de Presupuesto, más el Pacto Fiscal con los municipios y la reducción del presupuesto de las cámaras de Senadores y Diputados en más de 2.000 millones de pesos, Vidal espera que, con el impulso del oficialismo, la Legislatura apruebe otro paquete de normas vinculadas tanto a la transparencia como al ahorro y optimización de los recursos públicos.
En este sentido, la semana próxima el Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura una iniciativa tendiente a eliminar las jubilaciones de privilegio, vigentes desde hace décadas en la provincia, así como una modificación de la Ley de Ministerios, que sean tratados luego del recambio legislativo del 10 de diciembre, en el marco de extraordinarias.
Una de las propuestas más importantes es la reforma de la ley de jubilaciones y pensiones de privilegio, que hoy alcanza a los cargos de gobernador, vicegobernador, funcionarios de los organismos descentralizados, legisladores y magistrados. Alcanzará a los cargos políticos que hoy pueden jubilarse con 55 años de edad y 30 de servicio; mientras que la mayoría de los 600.000 empleados públicos deben reunir un mínimo de 60 años y 35 de servicio para que el Instituto de Previsión Social los reconozca como jubilados.
En la ley vigente, los legisladores cuentan además con la ventaja de poder acumular años de servicio de cualquier caja nacional, provincial, municipal o privada y «tener como mínimo dos años de antigüedad en el ejercicio del mandato de legislador».
Así, obtienen una jubilación del 82%, cuando el porcentaje para el resto de los estatales oscila entre el 70% y el 80% del haber del trabajador en actividad, disparidad que ahora se busca equilibrar con el proyecto oficial.
Fuentes legislativas del oficialismo indicaron que «si bien Diputados convocó a sesiones para el jueves 30, lo cierto es que creemos que esa ley recién será aprobada el año que viene».
«El proyecto debe ser cuidadosamente trabajado para evitar litigiosidad contra el Estado provincial a futuro», indicaron.
El Ejecutivo provincial se propone también reformar la Ley de Ministerios en pos de una reducción del gasto político, a partir de la fusión y eliminación de direcciones, secretarías y subsecretarías.
En este sentido, pretende eliminar unos 150 cargos de las actuales 80 subsecretarías, 277 direcciones provinciales y 633 direcciones de línea, lo que generaría un ahorro en 2018 de aproximadamente $500 M.
Por otro lado, el Gobierno bonaerense pretende además que la Legislatura apruebe la adhesión a la ley nacional de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Si bien la adhesión fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en mayo pasado, el Gobierno aún no logró destrabarla en el Senado, donde es resistida por el massismo, el peronismo y el kirchnerismo, cuyos bloques se negaron a tratarla en reiteradas oportunidades en las comisiones de Trabajo y Presupuesto. Por eso, se prevé que el Senado podría sancionar la adhesión a la ley nacional de ART en sesiones extraordinarias.
Ambito
