Al cierre de esta edición, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional habían alcanzado un principio de acuerdo. Tras una jornada de deliberaciones, los principales funcionarios del Gobierno continuaban en los despachos oficiales durante la madrugada. A última hora del jueves, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada y le presentó el detalle de los avances conseguidos hasta el momento en el plano técnico. Con esa información, el Gobierno decidió que se efectivizaría el pago de los cerca de u$s730 millones que expiran hoy en función de la inminencia o no de un entendimiento.
Ante una consulta de Ámbito. fuentes cercanas al frente negociador argentino señalaron que se había llegado a un acuerdo, si bien aún restaban por delinear muchos detalles. Guzmán, a su vez, publicó en Instagram una foto junto a Sergio Chodos (representante en el directorio del organismo) en su despacho, acompañada de la frase “seguimos trabajando”.
Al mismo tiempo, fuentes oficiales dejaban trascender que hubo avances en los incontables intercambios realizados ayer entre Buenos Aires y Washington. Esta mañana el FMI haría un anuncio sobre la negociación.
Detalles
Si bien no se conocen detalles, hasta ayer, el número clave era 2026. Es el año en el que el Gobierno quería comprometerse a llegar al déficit cero. Los últimos detalles de lo propuesto por la Casa Rosada eran: un déficit de 2,5% del PBI para 2022 y, a partir de allí, una secuencia del 2% para 2023, 1% para 2024, 0,5% para 2025 y recién un déficit cero en 2026.
El dato más importante no era la divergencia con respecto al año y plazo en el cual el FMI está pidiendo llegar al déficit cero al país. Lo más relevante era el tamaño del ajuste gradual que pide el Fondo. El tándem Luis Cubeddu-Julie Kozack parecía diferir bastante de la propuesta de Guzmán.
Por ejemplo, le reclamaba un recorte más importante para este año, para llegar a los 2 puntos de déficit: es decir, le pedía 0,5 puntos porcentuales adicionales de recorte, lo que obligaría a mayores sacrificios. Para 2023, el FMI solicitaba que el déficit sea el equivalente a 1,4% del PBI. A partir de 2024, exigía un recorte de 0,7 puntos y mantenía esta misma exigencia hasta llegar a 0% en 2025.
Como se dijo, el Gobierno argentino quería un recorte de 0,5 puntos porcentuales entre el 2022 y 2023 que afecte lo menos posible a la disponibilidad de recursos para lo que resta del mandato; ofrecía, en cambio, un déficit de 1 punto porcentual del producto en 2024 y luego adoptaba la misma secuencia previa de un recorte anual de medio punto porcentual.
Está claro que Alberto Fernández quiere despejar de exigencias fiscales por parte del FMI lo que queda de su mandato. De todas formas, eso implicaría un recorte gradual, más suave que lo abrupto del FMI. Por otro lado, se “aprovecharía” el impulso del resultado electoral para que, en 2024, el gobierno electo pueda avanzar con los recortes en su primer año.
Mientras tanto, el pago que debe realizarse hoy por u$s731 millones debería ser confirmado por el Gobierno durante la mañana. Según había trascendido, sólo se iba a realizar ese desembolso si, de máxima, el Gobierno lograba que el FMI se acercase lo más posible a la propuesta de Guzmán o, en todo caso, si el Gobierno lograba avanzar lo suficiente como para abrir una nueva fase de la negociación con algunas garantías en el haber.
Es decir que la confirmación del pago dependía de una sutil percepción: si todo el Gobierno consideraba que la negociación ha dado algún fruto, con el compromiso de seguir el diálogo y respetar lo pactado hasta ese punto. Claro está que no sólo la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda debían corroborar esa apreciación de avance real -muchas veces subjetiva- en función de la aversión a la ruptura negociadora.
Sabido es que el Presidente ha sido partidario en las últimas horas de blindar la negociación y despejar el escenario de cualquier declaración pesimista a diferencia de la vicepresidenta que, desde Honduras, cargó duro contra los organismos multilaterales.
Al menos dos fuentes de Gobierno que participan de las conversaciones con el FMI señalaban, a comienzos de la jornada de ayer, que se habían logrado “avances”, lo que remitía a la posibilidad de que la Argentina mantenga su autonomía para definir su política fiscal en los próximos dos años. Sería entonces un acuerdo de Facilidades Extendidas sin el compromiso de reformas estructurales en el corto plazo.
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