El juez federal Claudio Bonadio dispuso allanamientos en las propiedades del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y de su entonces segundo Roberto Barata, en el marco de la causa por presunto pago de sobreprecios de buques que importaron gas licuado natural.
Los allanamientos son realizados por Policía Federal por disposición del juzgado y tienen lugar en el edificio de Avenida Del Libertador y en Puerto Panal, en la chacra que De Vido tiene en la localidad de Zárate.
También en la casa de Belgrano propiedad de Barata, quien junto a De Vido están detenido con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz.
Los procedimientos tienen lugar en la causa en la que ambos están procesados por defraudación a la administración pública y en la que pesan embargos de hasta 1.000 millones de pesos.
Días atrás, la Sala I de Cámara Federal confirmó la detención del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y de Barata.
«El imputado reviste una realidad procesal determinada por una multiplicidad de causas con expectativas de penas que, en caso de recaer condena unificada, no podrían dar lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional, circunstancia esta que debe ser especialmente valorada», sostuvo el juez Leopoldo Bruglia en su voto.
De Vido fue procesado por presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015, y fue uno de los motivos por los cuales fue desaforado por la Cámara de Diputados a pedido del juez federal Claudio Bonadio.
El exministro también está procesado por la supuesta administración fraudulenta en los fondos estatales a la Mina Río Turbio en la que hubo un desvío de unos 256 millones de pesos.
En este nuevo expediente, el dirigente peronista y su ex mano derecha están acusados de haber participado en una «maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal».
A través de esa supuesta maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, «se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado» de aproximadamente 6.995 millones de dólares, «pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado», había indicado Bonadio.
Precisamente, Baratta, mano derecha de De Vido en el Ministerio, tuvo un rol clave en la adquisición de esos cargamentos que llegaban en barcos y que eran regasificados para su uso local: estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Gestión, que era una de las partes que conformaban el Programa de Energía Total (PET) lanzado por el Gobierno en 2007 para hacer frente a la crisis energética.
