Un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja identificará, entre junio y septiembre de este año, a los 123 soldados enterrados como NN en las Malvinas.
Ernesto Alonso, integrante del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) La Plata, hizo especial hincapié en la necesidad de reconocer la identidad de esos cuerpos. «Es fundamental saber quiénes son. Tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó y quiénes son. En el Regimiento 7 tenemos 36 muertos, de los cuales identificados hay sólo seis. Saber quiénes son esos soldados es una de las asignaturas pendientes de la democracia».
El procedimiento, financiado por Argentina y el Reino Unido, costará 1,3 millones de dólares e insumirá cuatro meses de trabajo y las muestras de ADN obtenidas serán analizadas en un laboratorio de la provincia de Córdoba. Así lo establece el denominado «Plan de proyecto humanitario» firmado entre el vicecanciller argentino Pedro Villagra Delgado, su par británico Alan Duncan y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer.
El plan acordado indica que, durante esos cuatro meses, se desarrollarán las operaciones en el cementerio -ubicado a unos 80 kilómetros de Puerto Argentino, la capital de las islas-, que el equipo forense trabajará entre dos y tres meses, y se establece que el informe final a los familiares se conocerá «varias semanas después» de finalizadas las tareas en Darwin.
«Este proceso comenzó en 2011 cuando nos presentamos en el juzgado del juez Ercolini», apunta por su parte Hugo Robert, vicepresidente del Cecim La Plata y para quien es fundamental «saber la identidad de esos soldados que quedaron en las islas. Ya hay más de ochenta familias que dieron su ADN para determinar un posible parentesco».
El equipo que llevará adelante este proceso de identificación estará integrado por dos especialistas propuestos por el gobierno argentino, que aún no fueron informados oficialmente, pero que serían integrantes del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización científica no gubernamental que aplica las ciencias forenses a la identificación de restos víctimas de violaciones a los derechos humanos en el mundo. El equipo ha tenido una participación crucial en la Argentina para la identificación de restos de víctimas de la última dictadura militar.
El procedimiento indica que se exhumarán las tumbas de a una a la vez, se analizarán los restos en el lugar, se tomará una pequeña muestra de tejido esquelético para una prueba de ADN e inmediatamente se inhumarán los restos en sus tumbas correspondientes y en «féretros apropiados».
La participación de la Cruz Roja, que asume el rol en la tarea «de carácter exclusivamente humanitario» y con un «papel de intermediario neutral», garantizará que los restos sean tratados «con la mayor dignidad» a lo largo de todo el proceso y las sepulturas serán devueltas a «su estado original» tras la operación forense.
A lo largo de esos meses, el CICR transportará en forma regular -en lotes- muestras del tejido extraído a los laboratorios que posee la denominada Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID) y del EAAF en la provincia de Córdoba, donde se establecerá el perfil de ADN y se realizará la comparación con las muestras de familiares almacenadas.
Hasta el momento, según datos del Cecim La Plata, 84 familias ya dieron su consentimiento y aceptaron realizarse tomas de sangre que están almacenadas en Córdoba. Al mismo tiempo, se enviarán algunas muestras elegidas al azar a laboratorios de genética forense de la Universidad Central de Lancashire en Preston (Reino Unido) y de la Universidad de Santiago de Compostela (España) para realizar una doble comparación cruzada de los resultados.
Para cada muestra extraída del cementerio, se producirá un informe detallado, incluso de aquellos restos que no puedan ser identificados y se incluirán también recomendaciones para nuevas pruebas. Se estima que toda la operación humanitaria tendrá un costo aproximado de 1 millón 300 mil dólares, que será financiado por ambos gobiernos, y que incluirá la mano de obra, los análisis de laboratorio, la compra de materiales y equipos, los gastos de la misión en las islas, y el alquiler y los gastos de transporte. Durante los meses de trabajo en Darwin no se permitirá la presencia de medios de comunicación y el cementerio quedará cerrado al público, ya que se montará una especie de «morgue temporaria», equipada con mesas y protegida de las inclemencias del tiempo, en donde se realizará el análisis de los restos ‘in situ’.
