«Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hayan satisfechos», concluyó el magistrado.
El 24 de mayo pasado, Marijuan «retiró su acusación contra Cristina E. Fernández», recordó Casanello y, frente a esta solicitud y tras ser consultadas las dos querellas, «ambas agencias compartieron la solución postulada».
Ante esto, Casanello evaluó que la fiscalía «ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente».
Marijuan retiró su acusación a la Vicepresidenta, quien tenía falta de mérito en la causa, «tras recibir un informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y confirmar, a partir de allí, un evento considerado por el dirimente: la reunión de finales de 2010 en la Quinta de Olivos, donde el empresario, al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando», citó Casanello en la resolución.
El fiscal «tras considerar agotadas las medidas de prueba, dio un cierre a la investigación abierta hace siete años para dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno».
En otra resolución, Casanello declaró «inadmisible» un planteo hecho por una asociación llamada «Bases» para ser querellante en la causa y poder así solicitar la nulidad del dictamen en el cual el fiscal se pronunció por el sobreseimiento de la Vicepresidenta por falta de pruebas.
