La justicia le ordenó al Estado Nacional devolver sus puestos a cuatro trabajadores del ex Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) que fueron despedidos sin causa cuando comenzaba el gobierno de Mauricio Macri.
La medida fue dictada por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla a favor de María Gabriela Ramallo, Esteban Adrián Potes, Juan Manuel Villa y Mauricio Andrés Massenzio, trabajadores del ex Renatea hasta marzo de 2016.
Los despedidos interpusieron una acción de amparo contra la Resolución de la Secretaría de Relaciones Laborales que aprobó un convenio entre el sindicato Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el RENATEA que dejó sin efecto el Convenio Colectivo de Trabajo que regía la relación laboral.
Se trata de un régimen que asignaba estabilidad como empleados públicos a los trabajadores del RENATEA y fijaba como causales de extinción de la relación laboral «renuncia, sanciones expulsivas, jubilación, fallecimiento o mutuo acuerdo», pero excluía «el despido sin causa».
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