El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la emisión de deuda a 100 años, lo que se sospecha habría ocasionado «conductas delictivas» en perjuicio del Estado Nacional.
Fuentes judiciales informaron que la fiscalía dio curso a la denuncia presentada por diputados del Frente para la Victoria, quienes ante el juez Ariel Lijo a su vez habían denunciado también al Jefe de Gabinete, Marcos Peña; y al ministro Nicolás Dujovne.
En su escrito, Zoni únicamente imputó a Caputo «sin perjuicio de que con el avance de la investigación surjan nuevas personas como partícipe, autor y colaborador en los hechos investigados».
Los diputados nacionales se hicieron eco de artículos periodísticos publicados en los que se informó que se tomaron 2.750 millones de dólares de deuda a 100 años de plazo a una tasa nominal del 7.125% anual, que objetivamente costará una tasa de interés anual del 7,9% anual.
«Este fenomenal perjuicio descripto por el Estado, es equivalente al fabuloso beneficio que obtienen los inversores, que en un lapso mínimo de una hora desde el lanzamiento de este bono por parte del Gobierno Nacional, ya lo habían adquirido en su totalidad, excediendo tres veces con sus ofertas la cifra puesta a disposición», denunciaron los diputados.
En su dictamen, Zoni recordó que se dictó el decreto 20/2017, el cual expresamente encomienda al Ministerio de Finanzas, a través de su Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional, a emitir nuevos títulos públicos hasta el valor nominal de 20.000 millones de dólares estadounidenses o moneda equivalente.
«Es objetivo entonces que las tasas a las que se está endeudando el Estado Argentino desde 2016 es inferior a la tasa a la que se ha pactado la colocación de este BONO a un siglo de plazo, y además, está claro que a plazos más cortos, las tasas conseguidas han sido sensiblemente más bajas», añadieron en la presentación.
Zoni aclaró que «si bien a la fecha no se cuenta con documentos oficiales relativos a la operatoria descripta he de impulsar la acción penal con el objeto de investigar si en el marco de la emisión de bonos cuestionada se han cometido conductas delictivas en perjuicio de la Administración Pública Nacional».
«También corresponde resaltar que en los últimos días se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados a la operatoria de bonos que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado que justifican la apertura de una investigación criminal en orden a estos hechos», según el requerimiento al que accedió NA.
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