Al momento del incendio que provocó la muerte de 10 bomberos, el ex carapintada estaba al frente de la Agencia Gubernamental de Control. La fiscal de la causa pidió la indagatoria de varios de sus colaboradores. Además se «perdieron» expedientes clave en la causa.
Tras sus desatinadas declaraciones negacionistas sobre el terrorismo de Estado, el titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, tiene un nuevo frente judicial en el horizonte: la investigación por el incendio de Iron Mountain en el que murieron diez bomberos tratando de apagar las llamas.
Así lo reveló Tiempo Argentino quien en su edición de este domingo reveló que el ex carapintada podría verse envuelto en una trama de encubrimiento del incendio. «Por ahora, el dictamen de la fiscal de instrucción Romina Monteleone, quien pidió 32 indagatorias, lo excluye. Pero entre los potenciales indagados hay varios ex funcionarios que dependían del área que Gómez Centurión, hoy titular de la Aduana, encabezaba en el gobierno porteño cuando ocurrió la tragedia del depósito de Barracas» advirtió el periodista Néstor Espósito.
Es que el dictamen de la fiscal explica que la Dirección General de Fiscalización y Control es un área clave para la habilitación y el funcionamiento de establecimientos como el depósito de Iron Mountain, pero también –por ejemplo– de locales nocturnos, tipo Cromañón o Beara. Monteleone describe cómo ese organismo incumplió sus funciones, omitió inspecciones y, tácita o explícitamente, consintió situaciones irregulares que luego tuvieron alta incidencia en la tragedia que costó la vida a diez bomberos.
Según advierte ese medio, la titular del área era Vanesa Ileana Berkowski. Su nombre se repite en Cromañón, Beara, Iron Mountain, pero también en otros episodios de menor repercusión mediática, como habilitaciones de complejos teatrales y geriátricos también teñidos de tragedia.
La Dirección General de Fiscalización y Control depende jerárquicamente, por ley, de la Agencia Gubernamental de Control. Su director fue Gómez Centurión.
En su dictamen la fiscal asegura que «han existido acuerdos espurios entre funcionarios públicos y personal de la empresa responsable de la explotación del depósito incendiado, mediante el cual los primeros han otorgado un trámite irregular a un expediente y han omitido hacer algo relativo a sus funciones a cambio de una contraprestación». Gran parte de los funcionarios que dependían de Gómez Centurión fueron formalmente acusados en el dictamen. Gómez Centurión, aún, no.
¿Por qué? Uno de los expedientes de habilitación de Iron Mountain desapareció. Y Gómez Centurión inició un sumario administrativo para su búsqueda. Eso, de momento, parece beneficiarlo. Pero si el juez de instrucción Pablo Ormaechea aceptara las indagatorias, lo que los imputados declaren en esa instancia podría alterar el actual estado de las cosas.
Según señala Tiempo Argentino «la ‘pérdida’ del expediente es en sí un episodio difícil de explicar. Pero no fue lo único que se perdió. También desapareció un informe sobre el ‘hierro estructural’ del galpón, vinculado con ‘los revestimientos’ de protección contra el fuego. Es decir un resguardo para evitar un colapso en caso de incendio. «A pesar de los esfuerzos realizados por esta Fiscalía por arrimar al legajo una copia de la nota CE98177/08, ello no fue posible toda vez la Agencia Gubernamental de Control informó que no obra en el expediente una copia de ella y al consultarse el sistema informático (SADE), su búsqueda arrojó resultado negativo», señala el dictamen. Otra vez la Agencia Gubernamental de Control.
Entre los funcionarios a quienes la fiscal pidió la indagatoria figura Edgardo Nardi, quien «tenía el deber legal de recibir los informes y denuncias que los PVH (Profesionales Verificadores de Habilitación) pudieran efectuar sobre las anomalías detectadas en los locales y remitir lo actuado a las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».
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