El Gobierno nacional y los gobernadores alcanzaron un acuerdo para la firma de un nuevo Pacto Fiscal, que buscará bajar la presión tributaria sobre la actividad económica en las provincias.
El acuerdo fue rubricado por todas las provincias excepto San Luis, dado que la administración de Alberto Rodríguez Saá no aceptó las condiciones planteadas por la gestión de Mauricio Macri. Otra provincia que estuvo en duda hasta el final fue Santa Fe, pero el gobernador Miguel Lifschitz confirmó que finalmente se sumará al entendimiento general.
En el marco del acuerdo, la provincia de Buenos Aires dará de baja el reclamo por el Fondo del Conurbano pero recibirá una compensación de parte de la Nación.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó que «la provincia de Buenos Aires se compromete a dar de baja el reclamo del Fondo del Conurbano Bonaerense y, como contraprestación, alcanzar un camino gradual hasta llegar a lo que dice la ley, que la provincia reciba el 10 por ciento del impuesto a las ganancias».
La gobernadora María Eugenia Vidal, que no participó de la reunión, consideró «histórico» el acuerdo. Fuentes de la gestión bonaerense destacaron a ámbito.com que la Provincia recibirá $ 40.000 millones en 2018 y $ 65.000 millones en 2019.
Además, las provincias, menos San Luis, aceptaron desistir de sus reclamos judiciales por la coparticipación, y a cambio recibirán bonos por $ 80.000 millones a una tasa del 6% a 10 años.
El pacto fiscal entre la Nación y las provincias irá ahora al Congreso y luego deberá ser ratificado por las legislaturas de cada jurisdicción.
Compromisos principales:
1- Impuestos distorsivos: las provincias bajarán Ingresos Brutos y Sellos, en forma gradual en un período de 5 años; significará un recorte equivalente a 1,5% del PBI.
2- Ley de Responsabilidad Fiscal: aprobarán y adherirán a la propuesta de mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años.
3- Acuerdo por el Fondo del Conurbano: establecer una compensación de $21.000 millones a la provincia de Buenos Aires en 2018; $44.000 millones adicionales en 2019. Se eliminarán los subsidios diferenciales para el AMBA en materia energética para 2019 y el transporte dos años después.
4- Impuesto a las Ganancias: derogación del artículo 104 de la ley que redistribuye el 20% a la Anses, y asignaciones específicas a provincias y suma fija a Buenos Aires de $650 millones. El 14% de lo percibido, incisos «b» y «d» se destinará a obras públicas y programas sociales administrados por las provincias.
5- Juicios: todas las provincias (menos San Luis) acordaron desistir de las demandas contra el gobierno nacional ($340.000 millones del conjunto de las provincias y $400.000 millones de Buenos Aires por desactualización del Fondo del Conurbano Bonaerense. Existen más de 50 procesos vinculados con el régimen de coparticipación, asignaciones específicas y transferencias de competencias, servicios y funciones. Además, se estableció acordar antes del próximo 31 de marzo el monto y la forma de pago de los juicios con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anteriores a este acuerdo, y con las jurisdicciones firmantes.
6- Ley de revalúo impositivo: se coparticipará con las 24 jurisdicciones.
7- Impuesto al cheque: se prorrogará con una asignación específica del 100% de la recaudación a la Anses, hasta que se sancione una nueva Ley de Coparticipación de Impuestos o hasta el 31 de diciembre de 2020, lo que ocurra antes.
8- Régimen previsional:
a. tratar un proyecto de ley nacional para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación.
b. garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil, para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicio con aportes efectivos.
c. eliminar las jubilaciones de privilegio.
d. financiar con líneas de crédito especiales programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales.
9- Cajas previsionales no transferidas: el gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit, a través de un régimen de anticipos automáticos, sobre la base de los desequilibrios del año anterior, actualizable trimestralmente por inflación.
10- Ley de responsabilidad fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar un nuevo esquema de reparto secundario de los impuestos nacionales; y establecer límites de gasto y endeudamiento similar al nacional; y promover la adecuación de las tasas municipales de manera que «se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo».
11- Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan con el tiempo a las de mercado, en un rango de entre 0,5% y 2% anual del valor fiscal, previa coordinación de los métodos de cálculo.
