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El Gobierno refueza agenda de seguridad e insiste con bajar la imputabilidad

El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Martín Casares, aseguró que están «dispuestos a negociar» y «obtener un consenso fuerte» para el tratamiento y aprobación de la iniciativa.

En el arranque del año electoral, el Gobierno redobló su apuesta en materia de seguridad y vuelve a la carga con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, que se prevé sea presentado en el Congreso próximamente.

En este marco, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Martín Casares, aseguró que el Gobierno está «dispuesto a negociar» y obtener un «consenso fuerte» para el tratamiento y aprobación de un proyecto de sistema de responsabilidad penal juvenil.

«Hemos tomado la opinión de muchos sectores, de ámbitos académicos y judiciales, de especialistas en la materia, y tratamos de conseguir consenso fuerte para que la ley sea tratada y aprobada», manifestó Casares.

Tratamos de conseguir consenso fuerte para que la ley sea tratada y aprobada» (Martín Casares)

«El tema más álgido, no sé si el más importante, es el tema de la edad de imputabilidad. Estamos dispuestos a consensuar, a negociar, y a adecuar la ley de responsabilidad penal juvenil», añadió en declaraciones formuladas a radio La Red.

El funcionario destacó que en 2017 se constituyó una comisión de especialistas que preparó un primer proyecto de lo que se denomina sistema de responsabilidad penal juvenil.

«Tenemos que ir hacia un sistema que implique un cambio de paradigma centrado en la responsabilidad de los adolescentes que cometen delitos. Queremos cambiar el paradigma de respuesta y solución que el Estado da al menor que delinque», señaló.

«Debemos dar una respuesta pronta, anticipada, en la cual esos chicos puedan tener un tratamiento, se les pueda aplicar una medida socioeducativa en el primer delito que comete», agregó.

Casares explicó que, además de la baja en la edad de imputabilidad, el proyecto intenta que un equipo interdisciplinario pueda ofrecer un plan personalizado de seguimiento y monitoreo para los casos de menores reincidentes.

Asimismo destacó que actualmente rige en la Argentina un decreto ley de la época de la dictadura (1980) que no resulta eficaz en términos de prevención y tratamiento de la sanción, como tampoco es respetuoso de los derechos y garantías.

«Estamos con una ley que además de ser antigua es una deuda pendiente de la democracia y no da una buena respuesta en términos de eficacia ni de derechos constitucionales», señaló.

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